La libertad de expresión protege el derecho a manifestar opiniones, incluidas aquellas que son provocadoras, ofensivas o profundamente equivocadas. Pero protege, exactamente con la misma fuerza, el derecho de periodistas, investigadores, verificadores y ciudadanos comunes a examinar esas afirmaciones, aportar pruebas y señalar públicamente: esto es falso.