Hace un año, después de que en la fronteriza Coahuila el Gabinete de Seguridad incautase 15 millones de litros de gasolina en 129 vagones de tren, la Fiscalía General de la República comenzó una investigación que culminó la semana pasada con la foto de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y figura totémica para el Partido Acción Nacional, entrando esposado en comisaria. ¿La razón? El primer político que logró ganar una gubernatura al Partido Revolucionario Institucional es uno de los socios principales en Ingemar, la empresa aduanal que gestionó la entrada de ese y otros cientos de cargamentos. Según la Fiscalía, el modus operandi era declarar que los ferrotanques iban semivacíos, cuando en realidad transportaban con los 110.000 litros que permitía su límite de capacidad. Una investigación de EL PAÍS, realizada con registros públicos de comercio y aduanal de las empresas involucradas, revela que esta red movió más de 800 millones de litros de combustible como contrabando desde Estados Unidos en 15 meses, causando un daño al fisco mexicano de al menos 5.400 millones de pesos.