El órgano de control del Instituto Nacional Electoral (INE) ha expuesto este viernes el alcance de la presunta red de colusión entre proveedores y la hasta hace días presidenta del árbitro electoral. Los contratos simulados llegaron hasta casi 2.500 millones de pesos, una cifra más alta de la que se conoció inicialmente como como adelantó EL PAÍS. El titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente, ha comparecido ante la Cámara de Diputados para dar cuentas del perjuicio que supuso el escándalo de presunta corrupción que llevó a la renuncia de Guadalupe Taddei por sus acuerdos con el contratista José Alfredo Hernández Casillas. Los nombres de empresas y las cifras desfilaron en la presentación del contralor. Cinco compañías vinculadas entre sí simularon competir, de acuerdo con el reporte del OIC, durante casi una década para obtener contratos de material electoral por 2.461 millones de pesos en 27 Organismos Públicos Locales (OPLE). La presentación ha confirmado que el organismo fiscalizador conocía desde mayo las irregularidades que comprometían la gestión de Taddei. Y esa información ha abierto otro frente, el de la responsabilidad de quienes debían detectar y frenar esas prácticas.
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